Chile: aprueban la reforma de Kast que reduce impuestos a empresas

La Cámara de Diputados de Chile despachó este martes el cuerpo central de la Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, la iniciativa emblemática impulsada por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Tras prolongadas jornadas de debate parlamentario, la Cámara Baja dio luz verde al paquete de medidas que busca reconfigurar de manera profunda el esquema de incentivos tributarios y productivos de la economía trasandina.

El corazón de la iniciativa aprobada radica en una rebaja generalizada en los impuestos aplicados a la actividad corporativa, acompañada por una regla de estabilidad fiscal. Mediante este mecanismo, el Estado chileno congelará la carga tributaria para los desembolsos de gran escala, resguardando a los proyectos de inversión estratégica ante eventuales modificaciones fiscales en los próximos años.

El choque legislativo y la vía judicial

La aprobación en la Cámara de Diputados representó un triunfo legislativo determinante para el oficialismo, que logró alinear los votos requeridos para despachar el grueso del articulado. Sin embargo, el cruce de posturas políticas dentro del recinto evidenció la profunda división que genera la norma en torno a la capacidad de recaudación del Estado.

Frente a la ratificación del texto en la Cámara Baja, los bloques opositores anunciaron de forma inmediata una contraofensiva institucional. Los representantes de la oposición confirmaron que elevarán una presentación formal ante el Tribunal Constitucional para objetar dos de las normas más polémicas de la ley, buscando frenar su puesta en vigencia de manera definitiva.

Expectativa empresarial y definición en la Justicia

La estrategia legal de la oposición apunta específicamente a cuestionar las cláusulas que otorgan el congelamiento tributario a los grandes proyectos de inversión. Quienes rechazan la medida argumentan que estas prerrogativas erosionan la base de ingresos públicos necesarios para sostener las cuentas del Estado a largo plazo.

Por el contrario, diversos sectores corporativos e industriales valoraron la señal emitida por el Congreso trasandino, al considerar que la estabilidad impositiva resulta indispensable para reactivar la llegada de capitales en sectores estratégicos de la economía.

El escenario institucional queda pendiente ahora de la decisión que adopte el Tribunal Constitucional, organismo que deberá admitir el recurso opositor y expedirse sobre la validez de los artículos antes de que el Poder Ejecutivo promulgue la normativa.

Con información de Infobae América.