Laura de Marinis: quién es la jueza que declaró inconstitucional la ley penal juvenil

La titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Beatriz de Marinis, quedó en el centro del debate judicial tras dictar la inconstitucionalidad del régimen penal juvenil vigente. La resolución reabre una discusión profunda sobre los límites de la imputabilidad y el tratamiento procesal que reciben los menores de edad ante la comisión de delitos graves en territorio porteño.

No es la primera vez que una determinación de la jueza genera fuerte repercusión en la opinión pública. En su foja judicial figura una de las resoluciones más cuestionadas de los últimos años vinculadas a la minoridad penal en la Capital Federal.

Las claves detrás de la figura de la magistrada

• Cargo actual: Encabeza el Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Fallo reciente: Declaró inconstitucional la ley penal juvenil aplicable a causas con menores infractores.
• Precedente conflictivo: Dispuso beneficios procesales para el agresor del playero Arturo López en 2021.

El antecedente de la agresión en Monserrat

El nombre de Laura de Marinis tomó notoriedad masiva a partir del expediente instruido por el ataque contra Arturo López, el empleado de un garaje del barrio de Monserrat agredido de gravedad en noviembre de 2021. En aquel episodio, un adolescente golpeó brutalmente al trabajador y le provocó secuelas físicas irreversibles.

Durante el proceso judicial que involucraba al imputado de 17 años, la magistrada resolvió dejar sin efecto la prisión domiciliaria que pesaba sobre el atacante, reemplazándola por el monitoreo a través de una tobillera electrónica. Aquella decisión provocó el rechazo abierto y el reclamo desesperado de la familia de López, que cuestionó con dureza los criterios de morigeración aplicados al menor.

La discusión por el régimen procesal juvenil

La declaración de inconstitucionalidad de la ley penal juvenil promovida por De Marinis sienta un antecedente sensible para los expedientes en trámite bajo la órbita de los tribunales porteños. Mientras los defensores de garantías ponderan este tipo de medidas frente a normas de vieja data, los sectores que impulsan reformas exigen respuestas punitivas firmes frente a la reiteración delictiva.

La resolución de la magistrada quedará ahora sujeta a las apelaciones correspondientes en las instancias superiores de la Justicia porteña, donde se definirá si el criterio de inconstitucionalidad se mantiene firme o si resulta revocado por la Cámara de Apelaciones.

Con información de Clarín Política.