Inteligencia artificial: el peligro de darles identidad jurídica

La discusión sobre el estatus legal de las tecnologías emergentes sumó un capítulo de alta tensión en la Argentina. Diversos analistas y expertos del sector tecnológico alzaron la voz para manifestar un rechazo categórico a la posibilidad de otorgar identidad jurídica a las sociedades de inteligencia artificial. El planteo no es meramente teórico, sino que apunta de forma directa contra la dirección política y económica que adoptó el actual Gobierno nacional en materia digital.

Quienes impulsan esta advertencia sostienen que la gestión de Javier Milei muestra una alarmante afinidad con dinámicas de control y desregulación extrema. En este sentido, los autores de la crítica fueron tajantes al afirmar que “Milei nos está conduciendo a un Estado tecnofascista”, una definición que encendió las alarmas en el ámbito académico y legislativo. La preocupación central radica en que delegar personería jurídica a sistemas automatizados diluye las responsabilidades civiles y penales de los verdaderos desarrolladores y empresarios detrás de estas herramientas.

Algoritmos con sesgos y la urgencia de regulación

Lejos de los debates filosóficos abstractos, los especialistas remarcan que los riesgos de estas tecnologías ya se palpan en la vida cotidiana. Los sesgos de diseño de los algoritmos no pertenecen al terreno de la ciencia ficción ni son una simple fantasía literaria. Por el contrario, representan fallas concretas que discriminan, excluyen y perpetúan desigualdades preexistentes en la sociedad, afectando decisiones que van desde la aprobación de un crédito hasta la preselección laboral.

Para contrarrestar este escenario, la postura de los expertos es unánime: debe existir siempre una responsabilidad humana reconocida. Esta figura es la única herramienta jurídica viable para exigir la transparencia necesaria en los procesos de toma de decisiones automatizadas. Sin un responsable de carne y hueso detrás de cada línea de código, el sistema judicial perdería la capacidad de auditar y sancionar los abusos cometidos mediante el uso de software avanzado.

El vacío legal frente al avance corporativo

El intento de dotar de derechos o personería a entidades no humanas es visto por los juristas locales como un atajo corporativo para blindar a las grandes empresas tecnológicas de eventuales demandas millonarias. En el ecosistema digital argentino, donde las normativas de protección de datos personales y regulación de algoritmos todavía corren de atrás a la innovación, un avance de este tipo podría generar un vacío legal de consecuencias impredecibles para los ciudadanos de a pie.

La confrontación ideológica sobre el rol del Estado frente a las corporaciones tecnológicas promete intensificarse. Mientras el oficialismo promueve un esquema de mínima intervención estatal y máxima libertad para las inversiones del sector, la oposición y los sectores científicos buscan consolidar un marco regulatorio que proteja los derechos individuales.

En las próximas semanas, la atención se centrará en los proyectos de ley sobre regulación de inteligencia artificial que comenzarán a debatirse en las comisiones del Congreso de la Nación. Allí se definirá si la Argentina adopta un modelo de protección de derechos humanos similar al de la Unión Europea o si se inclina por la desregulación absoluta que demandan los gigantes de Silicon Valley.

Con información de Perfil.